Políticos, jueces, empresarios viven de la soja

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Por: Tirso Fiorotto  – Fuente: Uno Entre Ríos

El sistema manda sembrar transgénicos, los jueces los prohíben y los gobiernos no exhiben un plan de reconversión

Campesinos y ambientalistas están en zozobra. Unos no saben a qué atenerse, otros se desgastan en sus reclamos justos. El gobierno de Entre Ríos entró en un estado de procrastinación, acentuado por el período electoral, y las decisiones últimas son adoptadas por el Poder Judicial.

La palabra soja equivale a un sistema. Allí encontramos millones de protagonistas: la soja y otros granos, las industrias de los transgénicos, las industrias de los herbicidas, insecticidas y fungicidas; las industrias de los fertilizantes, las universidades, los laboratorios científicos, las industrias farmacéuticas, las industrias alimenticias, los frigoríficos, las industrias de maquinarias, incluso las automotrices; están el comercio internacional, el capital financiero detrás de todos los grandes capitales; están los obreros, y están también en este sistema, y principalmente, los estados nacional, provinciales y municipales que gastan e invierten a cuenta de la próxima cosecha y pagan sueldos, construyen obras, se endeudan, con políticos que más o menos se sostienen por décadas dentro del mismo régimen.

Para escribir esta columna usamos un teclado y una pantalla, pero alguien nos vendió estas herramientas, alguien inventó el software, el hardware, alguien reparó los artefactos, alguien tendió cables, y así podríamos contar a miles, una cadena de intereses mutuos, de la que nosotros somos un eslabón. Hay demanda, hay oferta, hay producción primaria, hay tecnología, conocimiento, mano de obra. El sistema nos fue llevando a usar estos aparatos. Si mañana nos dijeran que en el barrio nuestro no podemos usarlos, ¿qué haríamos en la redacción? ¿Cómo volver a la máquina de escribir, a los tipos en plomo?

Por supuesto que se puede, pero eso exige un cambio gradual, volver a aprender oficios, tomar algún préstamo para equiparnos, y en ese mientras tanto, en esos meses, tenemos que comer, tenemos que atendernos la salud, vestirnos…

El Estado no tiene derecho al despotismo, a exigirnos cambios drásticos de procedimientos que el mismo Estado promovió, y hacerlo sin prestar colaboración, sin un plan, y sin buscar un equilibrio de modo que todos los involucrados en el sistema aporten algo para que entre muchos no sea pesado. Eso es lo único que podría justificar la existencia del Estado; si no sirve siquiera para eso, hay que eliminarlo.

Sistema impuesto

¿Quién promovió la soja? El Estado argentino y los estados provinciales, con informes proporcionados por las multinacionales que patentaron semillas y herbicidas (glifosato entre otros), y todas las industrias derivadas. El sistema, en el que reconocemos como punta de lanza a Felipe Solá porque autorizó las primeras variedades durante el gobierno de Carlos Menem, tuvo resistencias visibles pero fue avalado en general por las universidades y los institutos de tecnología, todos tan alejados de los principios del buen vivir y de la Pachamama, a la que miran con menosprecio.

Hemos cuestionado el sistema por décadas, y no ignoramos que este sistema tuvo un fuerte respaldo de las instituciones, del poder político, económico e intelectual; no pocos sectores se vieron temporalmente beneficiados, como cualquiera que ve la panacea en la economía extractivista, y no alcanza a ver los efectos nocivos a mediano y largo plazo. ¿Acaso los periodistas mismos no recibimos, indirectamente, por vía del Estado y las empresas, algunas monedas del sistema que llamamos soja? Sí, recibimos. Porque las empresas en que trabajamos reciben propaganda de bancos, estados, corporaciones, sindicatos, que de una u otra manera medraron con la soja. Incluso nuestros sindicatos.

Cuando la soja valía mucho en el mundo, la Argentina tuvo su tiempo de vacas gordas, paradójicamente contra las vacas, porque la ganadería se redujo al mínimo. En Entre Ríos, por caso, se llenaron de novillas y vaquillas las islas, porque los campos altos fueron inundados de soja y parecidos. Y tanto se colmaron las islas que una sola inundación, anticipada en dos o tres meses, ahogó a 30.000 ejemplares en el predelta y el delta, como es sabido.

La soja se convirtió así en punta de lanza de un sistema consumista, que en las ciudades se manifiesta con alto impacto en los residuos. En Paraná, por caso, con el colapso de los arroyos atestados de basura, con islas de botellas, plásticos, latas, que tapan los arroyos y provocan, por caso, que el 100% de los sábalos estudiados por científicos en la playa del balneario Thompson y en la isla Curupí tengan residuos plásticos en sus intestinos. Todos, sin excepción, comiendo curuvicas de plástico acumulado en el barro. Y cuántas otras sustancias nocivas de uso urbano que se suman a las de uso rural, presentes en nuestros ríos. Este es el sistema impuesto, y nos involucra a todos.

La resistencia

Decenas de asambleas, foros y centros de estudio empezaron a aflorar en el país para denunciar el sistema minero. Así como se extraen minerales, petróleo, gas del subsuelo, se extraen minerales y agua del suelo, sin retorno. En estos días conocemos los efectos de ese sistema, con la gravísima pérdida de materia orgánica en estos 20 años, la formación de capas impermeables que apuran la escorrentía y producen inundaciones, etc. Es decir, los males de la labranza del suelo con arado y disco, que generaba tanta erosión por décadas, fueron reemplazados por otros males.

Muchos productores se volcaron a producir soja (y parecidos) obligados por el sistema implementado por políticos, profesionales, industriales. En estas dos décadas se oxidaron los arados y los discos, se cayeron los alambrados, perdieron importancia el molino, el estanque y los bebederos del ganado, porque se impuso la soja. Es más: no pocos campesinos se mudaron a la ciudad porque no tenían máquinas para sostenerse en el sistema a escala que impusieron los Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Fernández y Macri, y en la provincia los Moine, Busti, Montiel, Urribarri y Bordet, por resumir en pocas personas lo que en vedad involucra a muchas y tiene detrás, por supuesto, al capital financiero internacional y las industrias que sintetizaremos en la palabra Monsanto/Bayer.

Las muchas asambleas y los centros de estudio tomaron como fuente científica a Andrés Carrasco, Rafael Lajmanovich y otros, para demostrar las malformaciones que produce el sistema soja (herbicidas, insecticidas), pero también volvieron a los milenarios principios del Buen Vivir (tekó porá, sumak kawsay) que hablan de otra relación con la Pachamama, es decir una economía amigable, no extractivista. Una relación comunitaria, de alimentos sanos y cercanos, etcétera, que entronca bien con la agricultura ecológica, de la que se habla en el mundo. Muchos de los que vivimos en el mundo urbano nos plegamos a este movimiento ecologista.

Mundo urbano

En el mientras tanto, las ciudades (Paraná, Concordia, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, etc), se atestaban de vehículos con altísimo gasto de combustible fósiles, y sus arroyos colapsaban de basura. Algunos siguen así, otros fueron entubados. Lo de Paraná es impresionante, y eso durante los gobiernos de los Varisco, Solanas, Halle, es decir: el sistema soja y el consumismo y los residuos no encuentran diferencias partidarias.

En Gualeguaychú, por caso, el lugar de la basura era hasta hace poco zona de explosión, y el río Gualeguaychú aparece hoy mismo tapizado de hierro y aluminio, por los residuos tirados a ese río y a sus afluentes, y por el uso de sustancias químicas para potabilizar el agua en la ciudad. Hace más de un lustro que la ciencia enciende luces rojas sobre el aluminio y el hierro en el Gualeguaychú, y para colmo, la misma ciencia dice que ese río no está contaminado con sustancias químicas del agro. ¿Estamos abiertos a estas noticias? ¿Aceptaremos que el sistema nos involucra a todos, y que así como rompió la comunidad campesina también rompió la comunidad urbana, con tantos basurales y tanto hacinamiento en los barrios?

Las asambleas y sindicatos lograron abrir una interesante cuña cuando apuntaron a las escuelas rurales, y pidieron una distancia mayor de fumigado para no afectar a los alumnos y docentes. Ahí empezó una lucha por un espacio que equivale a 300.000 hectáreas en la provincia, aunque el problema “soja” en nuestro territorio abarca casi 8 millones de hectáreas y a todas las ciudades, como hemos señalado.

Y bien, ahora pasamos a lo más conocido: la Justicia determinó una mayor distancia que el Ejecutivo para la fumigación. Decreto va, recurso viene, el caso provocó una guerra.

No hay acuerdo

El Ejecutivo provincial podría allanarse al fallo judicial y facilitar la vida un poco menos riesgosa en las escuelas rurales. Y los asambleístas seguiríamos entonces con nuestras próximas metas, que solo concluirán cuando erradiquemos el sistema con transgénicos y herbicidas e insecticidas, un sistema impuesto aquí a la fuerza cuando lo que necesitábamos era otra cosa, era arraigo, trabajo, protección de los suelos, el monte, los ríos. Eso está claro.

Pero aquí la gran paradoja: este sistema que involucra a millones, que tiene detrás a políticos de todos los partidos gobernantes (PRO, radicales, peronistas varios, socialistas), y que involucra también a jueces, legisladores, periodistas, banqueros, profesionales, universidades, institutos de tecnología, multinacionales; este sistema que tiene sus industrias y mayores consumidores en zonas urbanas, con altísima contaminación urbana de las aguas y destrucción de lugares a través del inmobiliarismo, de pronto encuentra un chivo expiatorio y señala a uno de los mil eslabones de esta cadena: el productor que se desempeña alrededor de las escuelas.

Para que ese productor cambie el modo de producir al que lo empujaron esos políticos, jueces, legisladores, banqueros y multinacionales, ese modo que genera grandes dividendos al Estado nacional y los estados provinciales y municipales, fondos que se reparten en universidades, escuelas, hospitales, etc.; para que ese productor modifique sus tareas y adquiera otras herramientas y consiga otros circuitos comerciales, ¿cuánto ponen los jueces, legisladores, banqueros, multinacionales, gobernadores, presidente? ¿Qué resignan ellos, los que empujaron al productor a este desquicio y se benefician con el sistema minero? Nada. No resignan nada. No tienen siquiera un plan.

Es decir: la desidia de legisladores, ministros, secretarios, jueces, está haciendo que las pymes del campo se las arreglen solas. ¿Qué ocurrirá a este paso? Solo quedarán las grandes empresas, las que tienen detrás 20.000 hectáreas, los pooles, las estancias con propietarios en Buenos Aires, los productores que viven de otra cosa y tienen como pasatiempo la chacra; los grandes especuladores que ni siquiera visitaron jamás su país. (Y decimos país, porque muchas de estas estancias son como países).

El descalabro

¿Qué cambia para las industrias que decíamos, esa veintena de rubros de la industria instalados en los parques industriales, con obreros urbanos, con alto impacto en contaminación también? ¿Qué cambia para todos los que medran con el sistema soja? Casi nada: de pronto, todos encontramos un chivo expiatorio y miramos a esos productores.

¿Son parte del problema? Por supuesto. Son un eslabón. Pero qué fácil está resultando para los sectores privilegiados el exigir un cambio drástico sin acompañamiento, sin programas. Un Ejecutivo sin plan, unos jueces que no observan el conjunto. ¿Por qué, a la hora de prohibir como corresponde, no enumeran como corresponde también la necesidad de asistencia a los pequeños y medianos productores desde los estados nacional y provincial que los empujaron a ese sistema?

La responsabilidad en este descalabro de los funcionarios de agricultura y ambiente de la provincia es central, aunque no exclusiva. Hay allí una suerte de laissez faire que nos llevaba indefectiblemente a chocar. Si iban a redactar un decreto debían hacerlo con fundamentos. Si los tenían, no fueron exhibidos, por eso tienen razón los jueces al derogar el decreto del gobernador Gustavo Bordet en los hechos. Si los funcionarios no tienen esos fundamentos para sostener una fumigación cerca de las escuelas, entonces lo lógico y esperable es que redacten un decreto distinto, una norma que aleje las fumigaciones, y allí mismo establezcan, en otro artículo del mismo decreto, los modos de atender a las zonas que deberán reconvertir su actividad. O hagan lo más sensato: una ley que respete y promueva la biodiversidad, la producción de alimentos sanos, la salud y el arraigo por sobre todo. ¿Cuánto hace que venimos con este asunto?

Pero todo lo han hecho a la bartola, funcionarios y legisladores, llevando al gobierno a una suerte de procrastinación, es decir: a postergar los problemas como si luego se resolverán por arte de magia. Entonces nos encontramos con mucha gente en zozobras, y eso ocurre desde hace años. Si los gobernantes de los tres poderes no van a hacerse cargo, tendrán que dejar su lugar y esperar que vengan otros a tomar cartas.

No enumeraremos aquí las razones que se han brindado en muchas ocasiones sobre los perjuicios de un sistema que envenena, pone en riesgo los embriones, destruye el monte, destruye el suelo, expulsa a las poblaciones, concentra la propiedad, garantiza un negocio para los bancos y las multinacionales. Ni repetiremos la lista de errores que han cometido los dirigentes de los sindicatos del campo que durante años menospreciaron los fundamentos incontrastables en contra del sistema Monsanto, y llevaron a confusión a tantos campesinos. Esas federaciones y sociedades del campo se han habituado a llorar, a naturalizar las terribles injusticias en torno de la propiedad y el uso de la tierra, y cuando fingían resistencia a un sistema terminaron apoyando el neoliberalismo.

El propósito de esta columna es mostrar que el sistema soja involucra a la mayoría de los argentinos y la mayoría de los entrerrianos, principalmente a sectores urbanos; de modo que su erradicación paulatina, y la recuperación del campesinado y los alimentos sanos, con cuidado del suelo y la biodiversidad en su conjunto, requieren medidas complejas, integrales, con autocríticas de todos los sectores y voluntad de todos para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Levantar el dedo índice es poco serio, porque apenas mostremos la paja en el ojo ajeno nos señalarán la viga en el propio.

Desde el poder están promoviendo, por acción u omisión, una enemistad entre productores y ambientalistas, cuando esos dos sectores en verdad debieran ser uno solo, por los alimentos sanos, por el arraigo, por la vida plena en relación con la naturaleza, y como punta para empezar a curarnos de hacinamiento en las ciudades. Hay conocimientos acá y allá que deben ser compartidos. Los enemigos son, sí, los sectores de la especulación y de la irresponsabilidad política, que han promovido con las multinacionales un sistema expulsor y decadente. Las familias campesinas tienen que ser defendidas una por una, no podemos admitir más destierros. El destierro es la marca de los entrerrianos desde hace 80 años, de modo que el arraigo es prioridad para no solo contener la sangría sino revertir el proceso. Como se impone proteger uno a uno los puestos de trabajo en la industria, en los servicios.

No hay caminos

El poder está logrando que obreros y campesinos nos tengamos pica. Mientras nos miramos con recelo, resulta que, cuando lleguen las urnas, muchos de nosotros votaremos a algunos de los veinte apellidos mencionados en esa columna y allegados, responsables centrales del sistema sojero. Las y los candidatos con mayores chances en el orden nacional y provincial han sido puntales del sistema sojero. Nombremos a los diez principales candidatos, los que tienen mayor número de votantes, y no habrá uno solo que no haya medrado con el glifosato. Macristas, radicales, kirchneristas, peronistas federales, socialistas…

Entonces, votaremos al sistema, mientras señalamos con el dedo a algunos productores y los hacemos responsables, ¿se entiende la paradoja?

De todo esto se concluye que, aquellos que proponemos cambios en el sistema debemos mirar el conjunto, y no admitir que haya un solo sector que pague el pato de la boda.

Si por muchos productores fuera, tendrían gallineros, tambos, huertas, pero no tienen caminos afirmados, no tienen un centro de salud cercano, las mujeres ni siquiera pueden parir en localidades vecinas, tienen que viajar 80 kilómetros para dar a luz; no se les garantiza un circuito comercial porque el poder político entregó esos circuitos a los hipermercados y las cadenas; no encuentran financiamiento porque el poder político privatizó los bancos públicos y ni siquiera cumple con el mandato constitucional, en Entre Ríos, de fundar un banco… De ahí al abandono y el destierro hay un solo paso.

Hay que producir de otro modo, el sistema actual es inviable, pero el cambio debe realizarse con consensos, con programas, con mirada completa del conjunto, sin afectar a los pocos que resistieron al éxodo rural, y exigiendo que los fondos para la reconversión salgan de los sectores de privilegio que son, en la argentina como en Entre Ríos, parásitos insaciables.

Si no hay un plan, seguiremos expulsando a los chicos y agrandando las propiedades grandes: negocio para pocos. Mientras los responsables no bajan un solo escalón del pedestal al que se subieron hace rato.

 

junio 6, 2019